“Probablemente, cualquier día puede despertar una persona ya electa, inclusive, perdiendo su cargo”, dijo el magistrado y, explicó que producto del recibimiento de dinero del crimen organizado para participar en la actividad electoral, un candidato se haría cómplice del narcotráfico.

Olivares afirmó que un aspirante a senador, diputado, síndico y regidor puede ser procesado por complicidad con ese delito, de comprobarse que su campaña ha sido costeada por dineros ilegales.

“Tienen que tener cuidado, y yo aprovecho para decírselo, porque al recibir fondos y no poderse comprobar en la etapa electoral que lo recibió, hay muchos candidatos que creen que ya resolvieron el problema y que todo quedó bien”, observó.

Argumentó que si luego esa persona que les facilitó los fondos resulta condenada y se comprueba que hizo aportes para algún candidato, el aspirante pasaría a ser cómplice.

Manifestó que la Cámara Contenciosa de la JCE tiene la potestad para dejar sin efecto una elección que no sea ganada en buena lid, frente al requerimiento de cualquier persona que lo haga y que se haya demostrado que recibió un financiamiento ilegal.